Desde hace más de cien años, Puerto Rico es una colonia sin nombre de los Estados Unidos. Oficialmente, sus islas representan un “territorio no incorporado” con estatus de Commonwealth, es decir, es un estado soberano pero con autogobierno limitado. Por esta razón, el sistema legislativo portorriqueño es muy influenciado por los EE.UU. quienes lo reorganizaron como les convenía. Los tribunales norteamericanos abrogaron la ley de quiebras, una ley que normalmente se aplica a todas las economías desarrolladas, incluso a los EE.UU. Sin embargo, esta ley podría serle muy útil al gobernador del territorio portorriqueño, quien declaró que era “imposible pagar la deuda”.
¿Cuál es el origen de la deuda?
El estatus privilegiado de Puerto Rico le permite beneficiarse de una serie de medidas muy interesantes para el pueblo, como por ejemplo, las exoneraciones fiscales para los inversionistas estadounidenses, así como la exoneración fiscal de los intereses pagados sobre los títulos de la deuda portorriqueña. Esto convierte a la isla en un paraíso fiscal, ¿y quién no quisiera vivir en el paraíso? ¡La respuesta es obvia!
Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en EE.UU., las inversiones en los títulos de la deuda no son tan seguras, por lo que las tasas de interés son más altas: entre un 8 y un 10 %. ¡Una oportunidad enorme para los inversionistas! ¿Se pueden imaginar? Recuperan por lo menos el 8% de impuestos y, la guinda del pastel, las leyes estipulan que el pago de los intereses tiene la prioridad sobre todo otro gasto del Estado. Por supuesto, los inversionistas no dudaron ni un segundo en proponer millones de dólares de crédito, sin preocuparse de que los dirigentes, quienes aceptaron inmediatamente la propuesta, supieran qué hacer con esa cantidad de dinero… Esto es una prueba de la incompetencia de los que encabezan el poder en cuanto a la toma de decisiones fundadas.
Alta dependencia de los mercados
Cuando estalló la crisis en 2007, los ingresos del Estado disminuyeron radicalmente, lo que provocó una fuerte contracción económica y un aumento del déficit. Por consiguiente, la isla tuvo que aumentar el nivel de financiamiento de los mercados, lo que también aumentó su dependencia de la deuda. En 2013, la quiebra de Detroit tuvo un efecto “colateral” inesperado sobre Puerto Rico. Repentinamente, los inversionistas, a quienes les encantan los títulos de deuda de las corporaciones públicas norteamericanas, empezaron a cambiar de actitud, temiendo que los negocios se vieran perjudicados, ya que el gobierno estadounidense empezó a preocuparse por las ciudades que sufren de un sobreendeudamiento. Es por esto que la isla tuvo dificultades para vender sus títulos, por lo que tuvo que pedir un préstamo directamente a los bancos, con tasas aún más altas.
Agotado, el gobierno concluyó: “es obvio que hay un problema en nuestra manera de actuar”. Esa reflexión hubiese podido ser el comienzo de una solución, pero al final, el gobierno prefirió tomar decisiones incorrectas. Para el gobierno, el nivel insuperable de la deuda se debe a los gastos excesivos del Estado, al igual que en Grecia y en la mayoría de los otros países. Por lo tanto, inspirándose en Grecia y otros países, ¡impusieron medidas de austeridad! La consecuencia es fulminante: el 60 % de los adultos desempleados ya no buscan empleo, el 45 % de la población vive bajo el umbral de pobreza (con un 56 % de niños afectados), más de 150 escuelas públicas fueron cerradas, la desigualdad de los ingresos es superior a cualquier otro estado de los EE.UU. y el número de emigrantes aumentó de unos 10 000 por año antes de 2010 a 48 000 entre 2010 y 2014. A todo esto se suma una deuda que sigue aumentando, como en Grecia y en otros países (¡qué sorpresa!)
Ahora, Puerto Rico vive bajo la presión de los acreedores, porque le falta la liquidez para hacer frente a los próximos pagos (como en Gr… ya entendieron). Hoy, la deuda alcanza los 73 mil millones de dólares, con 18 mil millones de deuda debidos antes de 2020. Este verano, la isla no cumplió con el pago de 58 millones de dólares. El primero de diciembre, se avecina un plazo para el pago de $355 millones, seguida de otro el primero de enero con un plazo de $330 millones, y la agencia de notación Moody’s ya predice una nueva falta de pago. No va a ser un ambiente grato para el gobierno.
Déficit, bancarrota, austeridad,… ¿Cuál elegir?
El gobernador Alejandro García Padilla pidió a los acreedores la restructuración de la deuda de Puerto Rico, afirmando que, en caso de que no haya otra opción, optará por el incumplimiento del pago para seguir otorgando los servicios sociales básicos a los 3 mil quinientos millones de ciudadanos (sé que suena como una broma, pero lo dice él mismo). Ahora bien, frente a los acreedores, la isla debería actuar con cuidado. Existen riesgos de que los acreedores malintencionados inicien juicios. Actualmente, ya usan fondos buitres para comprar los títulos de la deuda portorriqueña, anticipando la restructuración de la cual podrán sacar beneficios.
Por su parte, la administración de Obama, en un intento de ser “clemente”, propone la inclusión de Puerto Rico bajo la protección del Capítulo 91, el cual permite la quiebra ordenada de una corporación pública estadounidense, protegiéndola de sus acreedores, como fue el caso con Detroit. A cambio de esto, se establecerá una comisión de supervisión para aplicar las reformas tributarias que necesita la isla para salir de la deuda. Estas reformas incluyen el cierre de escuelas públicas, reducciones suplementarias de los gastos de salud, reducciones masivas en las subvenciones y en los salarios…
¿Existe otro camino?
El plan de Obama no permitirá la recuperación económica de la isla, y ésta va a agotarse con las medidas radicales de austeridad, cuya eficacia nunca ha sido demostrada. Del mismo modo, es poco probable que los oficiales portorriqueños negocien una reestructuración y lleguen con los acreedores a un acuerdo favorable para sus ciudadanos. Frente a la situación actual, la única forma (nunca mencionada en los medios de comunicación) de llegar a una solución sería invertir las relaciones entre la isla y sus acreedores por medio de la exoneración del pago de la deuda y del establecimiento de una auditoría integral de la deuda externa pública de Puerto Rico, con el objetivo de determinar qué parte hay que pagar. Además, hay que determinar y exigir la anulación inmediata de la parte ilegítima, ilegal y desproporcionada de la deuda. Cabe mencionar que las tasas de interés desproporcionadamente altas y el estatus colonial bajo dominio norteamericano ya demuestran la necesidad de optar por este camino.
Bernie Sanders, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales que trata de provocar un cambio en la política norteamericana, apoya esta solución. En una carta (ver más abajo) al secretario de tesorería de los EE.UU., Jacob Lew, Bernie Sanders insta a la administración a organizar una reunión entre el gobierno portorriqueño, sus principales acreedores, los representantes de los fondos de pensiones que invirtieron en la deuda de la isla y los sindicalistas, para poder desarrollar un plan de pago realista y justo. También se opone firmemente a la idea de imponer aún más austeridad y subraya que es imposible sacar agua de las piedras. Además, el candidato demócrata aboga por una auditoria de la deuda ante toda reestructuración, para asegurarse de poner a un lado todo préstamo que esté en desacuerdo con la constitución. Suena un poco superficial, pero ya es mucho por parte de un representante estadounidense. El demócrata también exige que Puerto Rico pueda hacer uso de la ley de quiebras de las corporaciones públicas, y que la seguridad social se aplique a todos los ciudadanos portorriqueños, quienes pagan las mismas contribuciones que los ciudadanos norteamericanos viviendo en los 50 estados federales, pero que reciben solo la mitad del reembolso, lo que Sanders considera como una discriminación hacia los ciudadanos norteamericanos.
En cuanto a lo que señala respecto a la discriminación, no podemos negar que tiene razón, pero en lo que se refiere al Capítulo 9, ya vimos con el caso de Detroit que la ley no impidió que los acreedores provocaran terribles medidas de austeridad, por lo que no es una buena solución. La auditoría de la deuda con la exoneración de pago debería darle un descanso a la economía portorriqueña. Si añadiéramos a esto la creación de medidas sociales para crear empleos, mejorar los sistemas de salud y educación, la lucha contra la pobreza y contra la emigración, Puerto Rico podría rápidamente acabar con la deuda y dejar de ser dependiente de los acreedores.
Los medios de comunicación estadounidenses, que se comportan como los perros guardianes del capitalismo cuidando su esfera de influencia, escriben artículos que tratan de la exposición de la isla a todo tipo de amenazas espantosas. En un artículo del New York Times, se habla de que, en caso de no pago , la isla, sus habitantes y sus acreedores “se encontrarán en una situación de muchos problemas financieros que durará varios años”. Si dijera que Puerto Rico podría hundirse en los océanos después de haber sufrido un tornado abominable, un tsunami de fuerza nunca antes vista y un ataque de zombis devoradores de hombres, seguro que Hollywood me insultaría por haber destapado el final de la película antes de su estreno en los cines… Lamentablemente, creer que el gobierno tomará un camino diferente de la “sagrada y santa” austeridad se puede también considerar como ciencia ficción. Los eventos recientes mostraron que, sin movilización masiva y popular, como ocurrió en el Ecuador o en Islandia, no existe otra escapatoria a las lógicas extrañas de los acreedores y los gobiernos cómplices.
fuente: Diario de Nuestra América n°9, Investig’Action
