La crisis política y económica en Sri Lanka, la peor desde su independencia del colonialismo británico en 1948, originó el movimiento popular de protesta Aragalaya, que hizo colapsar al gobierno en tres meses.
Los acontecimientos se dispararon en abril pasado, cuando los efectos de la peor situación del país en más de 70 años fueron agravados por el impacto de la subida de los precios de las materias primas y los productos básicos en los mercados internacionales, coincidentes con el inicio de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania.
También, la nación insular cayó en el impago de su deuda externa de 51 mil millones de dólares y tuvo que solicitar un paquete de «rescate» al Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar dichos adeudos.
El escenario nacional contempla una grave escasez de combustible y alimentos, y el alza de los precios de los mismos, mientras escuelas y centros de trabajo fueron cerrados.
Los manifestantes asaltaron y ocuparon el palacio presidencial y también quemaron la residencia del primer ministro, mientras las protestas de la población en las calles enfrentaron la respuesta violenta de la policía.
En una entrevista para la revista The International, Bimal Rathnayake, antiguo parlamentario y miembro del partido de izquierda Janatha Vimukthi Peramuna (Frente de Liberación del Pueblo), señaló que Sri Lanka es un ejemplo de cómo el imperialismo destruye un país con sus políticas económicas depredadoras.
Citó cómo la privatización y desregulación incontroladas, prescritas por el Banco Mundial y el FMI, condujeron al abandono de las industrias nacionales y la reorientación de la economía hacia el negocio de la importación-exportación, en contraposición a la producción gestionada para los mercados locales, conduciendo a la pérdida de la seguridad y la soberanía alimentaria.
Las mismas prescripciones del Banco Mundial fomentaron la financiación de ese modelo a través de enormes préstamos, lo cual permitió dar facilidades a los inversores extranjeros, a costa de un rendimiento mínimo para la economía nacional y el agotamiento de las reservas de divisas.
También, la situación se agravó por la flagrante incompetencia de las sucesivas administraciones gubernamentales, especialmente en materia económica. A su vez, la pandemia de la Covid-19 y la presión adicional sobre la economía de Sri Lanka, por su dependencia de las importaciones, aceleraron la crisis.
Tras semanas de protestas a fines de marzo, el presidente Gotabaya Rajapaksa ordenó la dimisión de su gabinete ministerial, pero el mandatario y el primer ministro (Mahinda Rajapaksa) mantuvieron su puesto.
Se dejó abierta una invitación hasta mediados de abril para que los partidos de la oposición formaran un gobierno interino, pero bajo la tutela de Gotabaya.
Incluso se ofrecieron puestos ministeriales a facciones «escindidas» del gobierno anterior y a diputados supuestamente independientes, todos leales al régimen de los Rajapaksa.
Se nombró un «nuevo» gabinete compuesto por antiguos ministros y otros diputados de la «oposición» e «independientes» y posteriormente Gotabaya animó a su hermano Mahinda a dimitir como primer ministro en un intento por aplacar el incremento de las protestas.
Luego, Mahinda Rajapaksa fue sustituido por Ranil Wickremmesinghe, del Partido Nacional Unido, de centro derecha.
Los manifestantes declararon su intención de ocupar el palacio presidencial hasta que el presidente y el primer ministro renuncien oficialmente y se convoquen elecciones inmediatas.
Entre los últimos acontecimientos, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, huyó del país en un avión militar hacia Maldivas, junto con su esposa y dos oficiales de seguridad.
Manifestantes antigubernamentales desafiaron los gases lacrimógenos y el empleo de cañones de agua por la Policía, así como un toque de queda y la declaración del estado de emergencia, para irrumpir en la oficina del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, tras la huida de Rajapaksa.
Exigen que Wickremesinghe renuncie al mismo tiempo que Rajapaksa, quien prometió hacerlo este 13 de julio.
El sábado, una multitud invadió el palacio presidencial, precipitando la huida del mandatario, acusado por la mala gestión económica que llevó al país a una profunda falta de divisas, que imposibilita importar combustibles, medicinas y alimentos para 22 millones de habitantes.
También, Sri Lanka declaró una moratoria de su deuda externa de 51 mil millones de dólares y negocia un préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
Entre tanto, el primer ministro Wickremesinghe ejercerá como mandatario hasta que se elija un sustituto, un asunto que disgusta a los manifestantes que exigen su salida inmediata.
Las organizaciones políticas de Sri Lanka buscan formar un gobierno de todos los partidos y elegir un nuevo presidente el próximo 20 de julio.
Según la Constitución, si el presidente y el primer ministro dimiten, el titular del Parlamento actuaría como gobernante interino durante un máximo de 30 días, plazo en el cual el Legislativo debe elegir un nuevo mandatario, que ocuparía el cargo por los dos años restantes del mandato actual, es decir noviembre de 2024.
Fuente: Prensa Latina
