Guatemala está atravesando una crisis democrática sin precedentes en su historia moderna y para entender al país en su pasado reciente, hay que tener en cuenta la guerra de 36 años que se vivió durante el siglo pasado (1960-1996), la segunda guerra civil más larga en el continente.
Esta guerra fue consecuencia directa de la intervención que el gobierno de los EE. UU., a través de la CIA, ejecutara en el año 1954 para derrocar al intento democrático que los presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz estaban construyendo en el país en la década democrática de 1944 a 1954.
Esta guerra civil, luego de la colombiana que aún está vigente, ha sido de las más largas y cruentas en el hemisferio occidental, guerra marcada por el genocidio de los años 80, dictaduras militares y barbarie. Luego de la firma de la paz en 1996, se intentó construir un andamiaje legal y desde el Estado para la edificación de una “democracia” que incluyera a todos los pueblos en Guatemala.
Pero ese proceso fue truncado por la élite guatemalteca, una de las élites más violentas y rancias del continente y a través de sus caporales (la clase política) ya que, hicieron todo lo posible para que el pacto social denominado los Acuerdos de Paz (ADP) nunca cobrara vigencia. Se intentó, a través de una consulta popular en el año 1999 una modificación a la Constitución Política de la República para robustecer los ADP pero esto no sucedió y la guerra continuó, ya no declarada si no una guerra de baja intensidad –como diría Noam Chomsky–; las maras (pandillas) y el narcotráfico se instalaron en los siguientes años.
Esta fue la norma durante los últimos años, desde 1996 hasta el presente, narcotráfico, élites oligárquicas, iglesias protestantes y demás sectores conservadores del país, mantuvieron el statu quo para que el saqueo al Estado fuese habitual en la política guatemalteca. Pero una sorpresa electoral en Guatemala, el pasado 25 de junio, sorprendió a las y los guatemaltecos que vivieron la jornada electoral.
Un país presidencialista ha elegido para el balotaje del 20 de agosto a dos políticos. Por un lado, Sandra Torres con el 17.7% de los votos, una mujer que por tercera ocasión intenta llegar al poder ejecutivo y quien además ya co-gobernó en los años 2008-2012 durante el gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom. Por otro lado, con el 11.8% de los sufragios, Bernardo Arévalo, político hijo de Juan José Arévalo, primer presidente de la Revolución Guatemalteca, 1944-1954, de centro izquierda y que representa al Movimiento Semilla, un partido relativamente nuevo, que surgió durante las protestas masivas del 2015 en contra de la corrupción sistemática y la impunidad imperante en el país.
Pero ese balotaje estuvo en el limbo por varias semanas, debido a que la Corte Constitucional, ordenó al Tribunal Electoral que no oficializara los datos de las elecciones pasadas. Esto se debe a que las mafias incrustadas en el Estado han colocado un sinnúmero de argucias legales que retrasan el proceso electoral —que la gente está defendiendo a capa y espada—, para que el fraude electoral o golpe de Estado, como algunos intelectuales le nombran, cuaje en el país centroamericano y la incertidumbre legal se haga norma, para continuar con el gobierno autoritario de Alejandro Giammattei y que este se perpetúe.
El balotaje
El pasado 20 de agosto las y los guatemaltecos eligieron por amplia mayoría a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta de Guatemala, con más del 58% de los votos versus el 37% que obtuvo la candidata conservadora Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Nuevamente tuvo que pasar más de una semana, y fue hasta el día 28 de agosto que el Tribunal Electoral oficializara y legitimara los resultados, declarando a Bernardo Arévalo como presidente electo y a Karin Herrera vicepresidenta electa para el período comprendido entre el año 2024 al 2028.
Pero unas horas antes, el Registro de Ciudadanos canceló la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, poniendo en duda a todos los candidatos electos el pasado 25 de junio, tales como alcaldes y diputados. Ante esta nueva jugada ilegítima de los sectores conservadores en el país, la duda continúa, poniendo en riesgo la toma de posesión de diputados, diputadas, corporaciones municipales e incluso del presidente y la vicepresidenta. Esto podría impedir que los candidatos electos asuman las riendas del país el próximo 14 de enero de 2024.
Guatemala se enfrenta así ante dos caminos: el camino de la continuidad de la corrupción y la tiranía o el camino de un gobierno democrático. Eso dependerá de lo que hagan las y los guatemaltecos en los próximos días ante la grave crisis democrática que está viviendo el país, que ya parece un cuento de realismo mágico latinoamericano, pero sin la magia y con algo de terror.
Texto y fotografía: Carlos Ernesto Cano
