Esto fue lo que le pasó al sandinismo en los años ochenta: víctima de una brutal guerra económica, de un inclemente bloqueo comercial y financiero, de contrabando y ataques especulativos contra su moneda, del cerco de sus vecinos, el hostigamiento de los Estados Unidos y hasta de una guerra paramilitar abierta financiada por estos últimos, tuvo que vérselas también y en consecuencia con una violenta hiperinflación.
No obstante, a sabiendas de dicho cuadro, el gobierno sandinista optó por repetir la receta convencional y hacer una lectura monetarista del fenómeno, en razón de lo cual optó por devaluar, reducir el gasto público, detener la emisión de dinero, es decir: un ajuste clásico.
El resultado no pudo ser más desastroso: no solo no se arreglaron ninguno de los males, sino que todos se agravaron. Y al poco tiempo, en situación de clara desventaja dada su claudicación en materia de política económica, el sandinismo enfrentó unas presidenciales en las cuales terminó derrotado por una antigua aliada, originalmente representante de los empresarios en la junta que sustituyó a la dictadura de Somoza y más tarde férrea opositora. Una lección para la historia que Pasqualina Curcio nos rescata del baúl de cosas que nunca debemos olvidar.
“La Prensa, el diario antigubernamental, informó ayer que la tasa de cambio del mercado negro de dólares aumentó 10 veces durante el día”.
The Washington Post. 17 de febrero de 1988[1]
A 33.547% llegó la inflación en Nicaragua durante el año 1988. Los precios comenzaron a incrementar de manera repentina a partir de 1984. En 1991, mágicamente se detuvo la hiperinflación.
Coincide este fenómeno con la llegada al poder de la Revolución Nicaragüense. Luego de incesantes luchas, en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó la dictadura de los Somoza, familia que gobernaba al país centroamericano.
Fue conformada la Junta de Reconstrucción Nacional, presidida por Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista. Formaba parte de la Junta, Violeta Chamorro en representación de los empresarios, quien, luego, en 1990 asumió la presidencia de la República. Esta Junta tuvo vigencia hasta 1984, momento en el que fueron convocadas las elecciones presidenciales.
Los comicios se celebraron en noviembre de 1984. Daniel Ortega ganó con el 67% de los votos. Se trató de unas elecciones democráticas en la que compitieron siete partidos políticos[2]. Por su parte, los tres partidos que conformaban la Coordinadora Democrática Nicaragüense, no participaron, por el contrario, llamaron a la abstención[3].
El llamado a la abstención fue una estrategia de la Coordinadora Democrática Nicaragüense para deslegitimar el proceso electoral y de esa manera justificar la intervención militar por parte de EEUU:
“La no participación electoral de la CDN [Coordinadora Democrática Nicaragüense] implica su no reconocimiento de la institucionalización. Institucionalización que al integrar el nuevo poder de Nicaragua – participación popular en el marco de la lógica de las mayorías – con elecciones democráticas de forma “tradicional” tendría asegurada su irreversibilidad. Por el contrario, si las elecciones aparecen afuera como poco válidas; si el diálogo y la pacificación del país no se concretan por la “intransigencia sandinista” y los contrarrevolucionarios pueden seguir siendo presentados como los “paladines de la libertad”, la única manera de resolver la “grave crisis de Nicaragua” – y en cierta forma de Centroamérica al presentarse a la guerrilla salvadoreña como “apéndice sandinista” – y de salvar al país del comunismo, sería -como en Granada – la intervención militar directa norteamericana”.[4]
Tal estrategia fue esbozada en parte por Ronald Reagan en un encuentro sostenido con dirigentes caribeños en agosto de 1984, un mes antes de las elecciones, en la cual “reivindicó explícitamente la invasión de Granada y mencionó la necesidad de salvar a Nicaragua. Lógica analítica que necesita, incuestionablemente, de la abstención deslegitimadora, para tener cuerpo y para demostrar la falta de libertad y democracia producto del régimen ´totalitario´”[5].
Desde el mismo momento en que la revolución asumió el poder, el gobierno de los Estados Unidos inició un conjunto de acciones para derrocarla. Así lo hizo saber públicamente el presidente de turno, Ronald Reagan[6].
El objetivo de la Casa Blanca era revertir no solo la revolución sandinista, sino también los procesos que se estaban desarrollando en Centroamérica, específicamente el salvadoreño y el guatemalteco. A la par, buscaba prevenir los posibles intentos revolucionarios en otros países de la región.
Empleó para ello múltiples formas de intervención, tanto político-militares, como diplomáticas y económicas.
El gobierno de Ronald Reagan financió La Contra, grupo armado que tenía como principal objetivo derrocar al gobierno de Daniel Ortega. A través de la CIA, del Estado norteamericano, de su Departamento de Defensa, del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) y de la Agencia Interamericana de Desarrollo, La Contra, recibió 372,7 millones de dólares entre 1982 y 1990[7].
De los US$ 372 millones, 50 millones fueron destinados para la denominada “asistencia humanitaria” y la construcción de campos de refugiados nicaragüenses ubicados en los Departamentos fronterizos con Honduras, específicamente, El Paraíso, Olancho y Gracias a Dios. Estos campos de refugiados realmente constituían bases de apoyo y de reclutamiento de La Contra[8]. Los recursos, provenientes principalmente de la Agencia Interamericana de Desarrollo, fueron ejecutados, entre otros, por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el ACNUR, Cáritas y la Cruz Roja Hondureña[9].
Una parte de los recursos que fueron utilizados para financiar a La Contra (US$ 40,5 millones), provino de la venta ilegal de armas, por parte de EEUU a Irán. A partir de 1984, el Congreso norteamericano negó el financiamiento dirigido a La Contra y prohibió cualquier tipo de ayuda a este grupo armado[10]. En vista de las limitaciones, Oliver North, desde el Consejo Nacional de Seguridad estableció una red secreta para captar recursos a través de la venta ilegal de armas, lo que terminó en el conocido escándalo Irán-Contra[11].
En lo que respecta a las prácticas económicas utilizadas por el gobierno de los EEUU para derrocar la revolución sandinista, en 1983, Ronald Reagan estableció un recorte del 90% de la cuota azucarera de Nicaragua en el mercado norteamericano.
En mayo de 1985, decretó un embargo comercial contra el pueblo nicaragüense. Medida que afectó a las empresas privadas del país, las cuales representaban alrededor del 70% de la economía. El embargo incluía la suspensión de relaciones aéreas y marítimas, y la abrogación del tratado que servía de marco a las relaciones comerciales entre las dos naciones[12].
Nicaragua se vio obligada a buscar nuevos mercados para colocar sus bienes de exportación (carne, azúcar, plátano y tabaco). Contó con el apoyo de Cuba y de URSS a pesar de la situación que para ese momento se vivía en los países de la Unión Soviética. No obstante, esto implicó mayores costos de transporte.
El mismo día en el que Reagan anunció su decisión de bloquear el comercio de Nicaragua, en el editorial del periódico El País, opositor a la revolución sandinista, se leía:
“El objetivo [del embargo comercial] es obvio: causar el mayor daño posible a la economía de Nicaragua, que atraviesa ya por una crisis angustiosa, y presionar así sobre el Gobierno sandinista, empujarle a una situación insostenible. Ronald Reagan ha declarado públicamente, hace algunas semanas, que aspiraba a derribar al Gobierno de Managua. El Congreso le ha negado los créditos para el apoyo a La Contra.
Utiliza ahora medidas económicas, que constitucionalmente están en sus manos, para realizar, con otros medios, una injerencia abierta contra un gobierno legal, miembro de las Naciones Unidas y que mantiene relaciones diplomáticas normales con todos los Estados del mundo.”[13]
Según el editor de El País:
“Para justificar el embargo, el portavoz de la Casa Blanca ha aducido una serie de argumentos utilizados ya, en diversas ocasiones: el deseo de Estados Unidos es poner fin al apoyo del régimen de Managua a grupos rebeldes en otros países centroamericanos; impedir un rearme excesivo de dicho régimen; interrumpir sus relaciones militares con la URSS o Cuba; democratizar el país.
En realidad, no existe ninguna conexión lógica entre un embargo comercial, una interrupción total de relaciones y los objetivos resumidos más arriba. Las consecuencias del embargo serán, con toda probabilidad, muy diferentes.
Es ilusorio creer que el Gobierno sandinista va a desaparecer como consecuencia de la guerra sucia de la CIA o del embargo recientemente decretado. Y sería muy conveniente que tal ilusión desapareciese de las especulaciones políticas de Washington.
La consecuencia del embargo puede ser, más bien, la acentuación de un clima de ciudadela asediada en Nicaragua; una mayor dureza en el equipo dirigente; una mayor dificultad, para los procesos de distensión, amnistía, democratización, en los que se han dado recientemente pasos sustanciales, como lo demuestra el acuerdo logrado entre el Gobierno sandinista y los representantes de las poblaciones misquitas.”[14]
Retomando la descripción de las acciones adelantadas por parte de EEUU para revertir el proceso revolucionario, debemos recordar que Reagan acompañó el embargo comercial con un bloqueo financiero. A partir de 1981 hubo presiones desde la Casa Blanca para impedir el financiamiento externo por parte de los organismos multilaterales. Nicaragua perdió la posibilidad de contraer créditos por un monto estimado entre los 250 y los 390 millones de dólares sólo entre 1982 y 1985[15].
Desde Washington hubo presiones para que tanto Venezuela como México recortasen el suministro de combustible a Nicaragua. En 1982 Venezuela suspendió las entregas y en 1984 lo hizo México. En 1985, la URSS garantizó el 90% del suministro de petróleo[16].
Peter Kornbluh, actual director de los Archivos de Seguridad Nacional de los EEUU, quien con base en los documentos desclasificados, se ha dedicado a estudiar las prácticas empleadas por el país norteamericano para derrocar no solo la revolución sandinista, sino también la chilena durante el período de Salvador Allende, escribió en 1989[17]:
“Las armas suministradas por los Estados Unidos a La Contra, pronto podrán guardar silencio para siempre, pero una devastadora guerra económica librada por Washington continúa causando un daño severo a Nicaragua. La campaña prolongada, basada en embargos, aislamiento económico y sabotaje, ha atraído menos oposición y menos titulares que los disparos de La Contra. Pero ahora, después de ocho años en que comenzó con Ronald Reagan, la historia completa del esfuerzo de EEUU por desestabilizar la economía nicaragüense está emergiendo. Varios directivos de seguridad nacional y memorandos internos del gobierno muestran claramente que Estados Unidos está usando efectivamente el músculo, tanto económico como paramilitar, para forzar a los sandinistas, como lo expresó Reagan, “a decir, tío”. Un completo embargo comercial continúa bajo George Bush. Irónicamente, con La Contra esperando ser desmovilizada antes de fin de año, la presión económica de Washington probablemente se ha vuelto el componente más importante de la guerra de “baja intensidad” de EEUU contra los sandinistas.[18] (subrayado nuestro)
En 1988, la CIA presentó un informe confidencial, ya desclasificado, titulado “Nicaragua: la economía y sanciones”[19]. Allí se lee:
“Las interrupciones comerciales, la desviación de recursos financieros y de gestión para eludir las sanciones económicas de EEUU –impuestas en mayo de 1985- han generado presiones adicionales sobre la economía nicaragüense. Nosotros calculamos, que para finales de 1987, las medidas de EEUU han implicado un costo directo a Managua de US$ 115 millones, además de la diminución de los US$ 312 millones que se había experimentado desde el inicio de la revolución en 1979 – debido a la pérdida del acceso a los mercados norteamericano, los altos costos de fletes para la exportación y la importación y nuevas tarifas a intermediarios para eludir el embargo.”
Consideramos importante mencionar el rol que jugaron los medios de comunicación, específicamente La Prensa, en los planes de derrocamiento de la revolución sandinista. El mencionado diario recibió fondos de la administración Reagan para realizar actividades abiertamente contrarrevolucionarias. Conjuntamente con el Consejo Superior de la Empresa privada (COSEP), la Iglesia Católica, la Central de Unidad Sindical, la Asociación Nacional de Agricultores y otros medios de comunicación recibieron US$ 5 millones entre 1981 y 1985. Entre 1984 y 1989, La Prensa, conjuntamente con la Coordinadora Democrática Nicaragüense recibió de la National Endowment for Democracy (NED), a través de la Asociación para la Democracia en Centroamérica, más de US$ 2 millones[20].
El referido medio de comunicación reconoció públicamente en 1985 estar recibiendo fondos de la NED. En junio de 1986, poco después de que el Congreso de EEUU aprobó US$ 100 millones de dólares para la Contra, el Ministerio del Interior de Nicaragua decidió suspender indefinidamente la circulación del periódico, aunque éste volvió a circular en octubre de 1987. Se basó la decisión, entre otras razones, en la adhesión del periódico a la decisión del Congreso de EEUU, y en las relaciones de La Prensa con organizaciones vinculadas a los contrarrevolucionarios.[21]
En las calles de Managua y del país entero, se observaban a diario las implicaciones de las agresiones económicas que EEUU adelantaba en contra del pueblo nicaragüense. La escasez de alimentos, productos de higiene, dinero en efectivo, transporte y gasolina se manifestaba en largas colas a las puertas de los establecimientos.[22]
Los análisis de la época atribuían el desabastecimiento, entre otros factores, al acaparamiento. Se lee en la Revista Envío de la época:
“Si el desabastecimiento temporal o parcial es un problema real en Nicaragua, a él está unido el fenómeno del acaparamiento. Lo que hay a todos los niveles. Por un lado, algunos mayoristas y pequeños comerciantes acaparan conscientemente para aumentar sus ganancias y con el fin de desestabilizar un proceso cuyos objetivos no comparten. Por otro lado, existe el acaparamiento doméstico. El temor a no tener suficiente comida para la familia incide también en el problema.”[23] (subrayado nuestro)
Mientras tanto, diariamente, los productos nicaragüenses viajaban hacia Honduras. Lo que ocurría en la frontera era el reflejo de las consecuencias de una brecha cambiaria entre el valor oficial del córdoba y el tipo de cambio que se “cotizaba” en el mercado negro, el cual era publicado por el periódico La Prensa. La supuesta sobrevaluación del córdoba oficial generaba niveles relativamente bajos de precios lo cual incentivaba a quienes estaban en Honduras a atravesar la frontera para adquirir bienes en territorio nicaragüense.
La revista Envío, en abril de 1988 publicó un trabajo titulado “La reforma monetaria: ¿inicio de una insurrección económica?” en el cual se lee:
“El córdoba estaba tan sobrevaluado que permitía un gran flujo de productos nicaragüenses hacia Honduras y Costa Rica. Todo un sector ilegal de buhoneros vivía comprando córdobas para adquirir productos nicaragüenses baratos y luego venderlos en países vecinos a precios mucho más altos, comprando con eso más córdobas y así continuar el negocio [una especie de bicicleta cambiaria]. Por eso, el gobierno nicaragüense tuvo que cerrar las fronteras durante los tres días del cambio [operación Berta], para impedir que ese sector cambiara tanto dinero acumulado. Tarde o temprano, el gobierno tenía que acercarse a un esquema de “precios sombras” en el que los precios de Nicaragua siguieran como una sombra el movimiento de los otros precios regionales y del dólar norteamericano”.[24]
En medio de un embargo comercial decretado por Ronald Reagan; de un bloqueo financiero promovido desde Washington; de actos terroristas llevados a cabo por grupos financiados por el gobierno de EEUU (La Contra); de acciones anti-democráticas dirigidas por la Coordinadora Democrática de Nicaragua; de propaganda en contra de la revolución publicada por La Prensa; de largas colas para comprar alimentos, medicamentos y productos de higiene; de filas interminables para conseguir dinero en efectivo; y de nicaragüenses cruzando las fronteras para trabajar en países vecinos y enviar remesas en dólares a sus familiares, otro fenómeno se comenzaba a observar: la hiperinflación.
Los analistas y técnicos del momento atribuían los incrementos de precios a la situación de guerra, la cual generaba un déficit fiscal, que a su vez era financiado mediante la impresión de billetes por parte del gobierno revolucionario.
Esta argumentación llegó a ejercer tales niveles de presión, que en 1985, el gobierno sandinista adoptó medidas orientadas a reducir la cantidad de dinero que circulaba en la economía, a la cual, siguiendo la doctrina monetarista, se le atribuía la principal causa de la inflación. Las medidas no surtieron efecto favorable y posteriormente, en 1988, año con el mayor nivel de hiperinflación, 33.547%, nuevamente fueron adoptadas políticas orientadas a reducir el déficit fiscal. En tal sentido, se redujeron la inversión pública y los subsidios, se devaluó la moneda, se liberaron los precios de la economía y se congelaron los salarios, lo que implicó una fuerte contracción, del 89% de la base monetaria.
Las medidas adoptadas en 1988 tampoco lograron detener la hiperinflación, por el contrario, ésta registró su mayor nivel. Estas políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno sandinista, bajo el velo de la teoría monetarista, se vio obligado a adoptar, no podían haber tenido efecto alguno sobre los niveles de precios debido a que no era el factor determinante de la hiperinflación.
Constituye el principal objetivo de este trabajo demostrar que la hiperinflación registrada en Nicaragua durante la revolución sandinista no fue consecuencia de la expansión de la cantidad de dinero.
La causa fue una desproporcionada e inexplicable “depreciación” del córdoba en el mercado negro. Entre 1984 y 1991 el valor de la moneda disminuyó 32.520.325.103%. En 1983 para comprar 1 dólar estadounidense se requerían 123 córdobas en el mercado negro, mientras que en 1991 pedían 40.000.000.000 de córdobas. Existían tres tipo de mercados cambiarios en Nicaragua: el oficial, cuya tasa era marcada por el Estado, 2) el paralelo, el cual era legal y donde se fijaba el tipo de cambio en función del mercado, 3) el mercado negro.
La hiperinflación en Nicaragua no puede ser atribuida a la expansión de dinero, por lo tanto no puede ser explicada por el lado de la demanda, se trató de una inflación de costos asociada al aumento de los precios de los bienes importados debido a una “depreciación” del córdoba que generó una contracción de la oferta agregada de la economía y un aumento de los precios internos[25] (shock de oferta).
Los aumentos de la cantidad de dinero que pudieron haberse registrado, fueron consecuencia y no causa de la hiperinflación. Incluso, en 1988, año con mayor nivel de inflación, la cantidad de dinero que circulaba en la economía (debido a las políticas de contracción de liquidez monetaria) en lugar de aumentar, disminuyó 89%.
Para realizar el análisis y demostrar que los incrementos de precios en Nicaragua no pueden ser atribuidos a expansiones de dinero, sino que están determinados por la “depreciación” de la moneda, hemos, en primer lugar, contrastado los niveles de precios con los de producción. Este aspecto, desde el punto de vista teórico y empírico es muy importante. El mostrar que las hiperinflaciones ocurridas a lo largo de la historia han sido estanflaciones es de suma relevancia. Ese fue el caso de Nicaragua.
Tal como hemos detallado en trabajos previos[26], las estanflaciones no pueden ser explicadas por expansión de la cantidad de dinero. El aumento de la liquidez monetaria implica un aumento de la demanda agregada, y con ella de los niveles de producción. A lo sumo, ante situaciones de pleno empleo, los incrementos de liquidez monetaria se verán reflejados en iguales niveles de producción, pero nunca en una disminución. Es el caso, que en la Nicaragua entre 1984 y 1990, los aumentos de precios estuvieron acompañados de caídas la producción.
En segundo lugar, hemos calculado la relación de dependencia entre los niveles de precios, el valor de la moneda, los niveles de producción y la cantidad de dinero que circula en la economía[27]. El objetivo es medir cuál de estas variables incide y determina el incremento de los precios. Mostraremos los resultados más adelante, en los cuales se observa que el factor determinante de los precios en Nicaragua, entre 1984 y 1991 fue el valor de la moneda.
Por último, hemos medido cuál fenómeno ocurrió primero entre el incremento de los precios y el aumento de la cantidad de dinero[28]. En Nicaragua, la inflación precedió la expansión de la liquidez monetaria.
- Estanflación en Nicaragua
Entre 1980 y 1984, una vez derrotada la dictadura de los Somoza y durante el gobierno de la Junta de Reconstrucción, los precios en Nicaragua se mantuvieron relativamente estables (alrededor de 2 dígitos). De repente, desde 1985 comenzaron a escalar hasta alcanzar, en 1988, el 33.547%. Durante ese año, los precios se duplicaban cada 15 días. El año siguiente, en 1989, la inflación alcanzó niveles de 1.689%, luego en 1990 registró un nuevo repunte (13.940%). Mágicamente, entre 1991 y 1992 pasó de 865% a 4%.
En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los precios en Nicaragua desde 1980 hasta 1992. Claramente, se observa el aumento a partir de 1984, el repunte en 1988 y el repentino descenso en 1992:
