Han condenado a siete meses de reclusión a cuatro dirigentes del sindicato andaluz SAT. Entre ellos, está el carismatico alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien también es diputado en el Parlamento.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió el jueves una sentencia contra los máximos dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Les acusan de haber ocupado en verano de 2012 una finca llamada Las Turquillas y de desobediencia grave ante la autoridad. La condena contempla siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros para el coordinador general del sindicato Diego Cañamero, para el diputado de Izquierda Unida (IU) y alcalde de Marinaleda Juan Manuel Sánchez Gordillo, así como para otros dos miembros de la directiva del SAT que participaron en la ocupación simbólica de dicha finca.
La finca ocupada, propiedad de Patrimonio del Estado, está cedida al Ministerio de Defensa donde se aloja parte de la Yeguada Militar. De las más de 1.200 hectáreas de terreno solamente están siendo utilizadas 20 para fines militares. En 2010 el Partido Popular, en aquel momento en la oposición en la localidad de Osuna, denunciaba ante las autoridades andaluzas que la finca estaba siendo infraexplotada y mientras trabajan en ella unas 15 personas, si la misma pasase a ser de uso público podría dar empleo a unas 800. Andalucía es una de las regiones con una tasa de empleo más alta de España. Según los últimos datos oficiales se sitúa en el 35,9%. La tasa de empleo juvenil es aún mayor: más de la mitad de los jóvenes están desempleados.
"Tenemos un problema. Y ese problema se llama capitalismo". Así de claro se mostraba Sánchez Gordillo el pasado 11 de noviembre en una concentración en Granada después de que comenzase el juicio, en el que se acusaba en total a 54 miembros del sindicato, resultando absueltos de las acusaciones el resto. "Mientras el capitalismo siga, todas las luchas serán parciales. Necesitamos una lucha claramente anticapitalista y por tanto subvertidora del sistema y revolucionaria."
El SAT es conocido por sus acciones reivindicativas. El año pasado saltaron a los titulares de medio mundo al realizar una expropiación simbólica de comida en una gran superficie andaluza para donar lo expropiado a familias necesitadas. Asimismo han llevado a cabo ocupaciones de otras fincas para reclamar el uso de la tierra para crear puestos de trabajo. En Somontes, en Córdoba, mantienen una ocupación desde marzo de 2012 con la idea de crear una cooperativa.
Rajoy planea una dura criminalización de las protestas
El Gobierno español tiene listo un anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el que aparecen 16 delitos nuevos relacionados con manifestaciones y protestas. Julio Anguita, excoordinador general de IU, ha calificado las medidas anunciadas "para mantener el orden público" como "antesala del fascismo" y "del horror". No es para menos, cuando la nueva norma contempla como infracción muy grave "insultar, coaccionar y vejar" a los agentes, sancionando dicho delito con una multa de 30.000 euros.
Las protestas pacíficas que tengan lugar delante del Congreso de los Diputados o de cualquier otra institución estatal se penarán con una multa de 600.000 euros si es realizada sin autorización. También aquellos que convocasen a dicha protesta no autorizada a través de Twitter o de Facebook recibirán la misma multa.
Esta ley comenzó a gestarse precisamente después del pasado 25 de septiembre de 2012, en el cual tuvo lugar una protesta espontánea alrededor del Congreso de los Diputados en contra los recortes. El Ministerio del Interior trató entonces de atribuir a los manifestantes un delito contra las altas instituciones del estado, pero la Audiencia Nacional desestimó las acusaciones con la justificación de que las protestas eran pacíficas.
El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, encargó entonces la redacción del texto a un equipo capitaneado por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que ha desarrollado su trayectoria dentro de los denominados antidisturbios o Unidades de Intervención Policial (UIP), según eldiario.es. Por eso no extraña que dicha norma sea especialmente dura contra manifestantes que fotografían ataques policiales.
Aquel día que se rodeó el congreso en 2012 la brutalidad policial llegó a ojos de miles de españoles a través de las grabaciones realizadas con los teléfonos móviles, en especial en la estación de Atocha, donde se ve a varios antidisturbios entrando en la estación persiguiendo a manifestantes y disparando pelotas de goma, así como apaleando a personas que estaban esperando el tren. Las denuncias al respecto han quedado archivadas y sin investigar. En lugar de colocar un corrector a los policías, la nueva Ley del gobierno pretende controlar más bien a los manifestantes y prohibirles hacer fotos de la policía.
Las personas que en el futuro realicen una grabación de delitos de este tipo podría incurrir en una falta »muy grave«, castigada hasta con 600.000 euros. También será una infracción " grave" no identificarse ante el policía que lo reclame, con la consiguiente multa de mas de 1.000 euros. Asimismo, taparse la cara contemplará una multa de más de 30.000 euros si se hace "con intención de alterar el orden público en una manifestación". De las infracciones cometidas por los menores deberán, además, responder sus padres.
Las protestas ecologistas se verán seriamente limitadas, ya que entrar en una infraestructura considerada "crítica", o escalar un monumento o edificio para protestar podría ser considerado falta grave, es decir, entre 30.000 y 600.000 euros de multa. Es por ello que Greenpeace protagonizó una protesta en el edificio de la petrolera Shell en Madrid colgando una pancarta de 315 metros cuadrados de la fachada para protestar en contra del "recorte del derecho a la protesta pacífica".
