En el sistema neoliberal, la educación tiende cada vez más a convertirse en una mercancía. Frente a esta situación que excluye miles de jóvenes del sistema universitario, la revuelta crece. Un claro ejemplo de esa situación occure en Chile en donde los estudiantes han retomado las calles para exigir una educación gratuita y de calidad para todos.
Mientras el gobierno se recuperaba del humillante fracaso que significó la no-adopción de la ambiciosa reforma laboral, un nuevo conflicto social se ha abierto, esta vez en el frente educacional, amenazando la estabilidad política del gobierno. Todo comenzó algunos días antes del discurso de la presidenta Bachelet sobre el estado de la nación (21 de mayo último) cuando un grupo de escolares penetró sorpresivamente la entrada principal del palacio de La Moneda (sede de gobierno) para protestar, ante la oficina de la presidenta, contra la reforma de la educación, considerada como “muy moderada” por las federaciones de escolares y universitarios. La manifestación marcó el inicio de una escalada de tensiones entre las autoridades y las federaciones que se vieron reflejadas en las calles de las principales ciudades del país donde las últimas marchas se transformaron rápidamente en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. En uno de estos choques en Valparaíso murió una persona mientras que en Santiago una iglesia del centro de la capital fue saqueada por manifestantes a rostro cubierto.
Pese a estas consecuencias (denunciadas por las federaciones que responsabilizaron a los “grupos antisistema” de la violencia), las manifestaciones lograron poner en la agenda política las reivindicaciones de los estudiantes cuando se creía que el debate en torno a la educación estaba cerrado. En efecto, la promesa de la presidenta Bachelet de llevar a cabo una vasta reforma de la educación había hecho creer al centro-izquierda que el movimiento escolar y universitario estaría incondicionalmente del lado del gobierno y no contra él como en 20111. ¿Qué factores llevaron a las federaciones a replicar el movimiento estudiantil de hace cinco años, sometiendo al gobierno Bachelet a una de sus crisis políticas más graves?
Una polémica reforma
Es imposible comprender la victoria de Bachelet en 2013 sin su promesa principal de modificar radicalmente el modelo educativo chileno. Los antiguos dirigentes del movimiento estudiantil de 2011 apoyaron, en efecto, su candidatura bajo condición de incluir la reforma en su programa gubernamental asegurándole así la “paz social”. En líneas generales la reforma defendida por la presidenta preveía inicialmente tres modificaciones del modelo educativo: 1) hacer gratuita la enseñanza escolar y universitaria, 2) poner fin a los establecimientos escolares y universitarios con fines de lucro y 3) reforzar el control del Estado sobre las universidades privadas. Dicho de otra manera, la reforma pretendía un cambio radical del modelo de educación heredado de la dictadura de Pinochet pasando de un sistema controlado por el mercado hacia un sistema solidario financiado indirectamente por los más ricos a través de una estructura tributaria similar a la que existió hasta antes de la caída de Allende (1973). Dada la amplitud de la tarea, el gobierno dividió el proyecto de reforma en tres partes teniendo siempre como objetivo final su adopción global en 2017. La primera parte concierne la enseñanza primaria y secundaria, la segunda el sistema de formación de profesores y la tercera, seguramente la más compleja, la reforma universitaria.
La primera parte de la reforma de la educación, más conocida como “ley sobre la inclusión”, fue aprobada rápidamente por el parlamento en enero de 2015 con la unanimidad de los partidos de la coalición en el poder (Nueva Mayoría). En aquel entonces la autoridad de la presidenta Bachelet sobre su coalición era incontestable y su popularidad aún no era golpeada por los escándalos de corrupción. La “ley sobre la inclusión” preveía la puesta en marcha de una decena de medidas que buscaban el fin de la discriminación social a través de la supresión de las escuelas primarias y secundarias con fines de lucro y el fin del sistema educacional mixto (establecimientos privados subvencionados por el Estado). Esta primera fase buscaba igualmente la gratuidad de la educación escolar para todos los niños2 y la supresión del derecho de las escuelas a seleccionar y a expulsar a sus alumnos salvo en situaciones que pusieran en peligro la seguridad de las escuelas.
En cambio, la magnitud de las modificaciones propugnadas por las otras dos partes de la reforma más la crisis política provocada por la renuncia de Rodrigo Peñailillo, primer Ministro del Interior de la actual administración e ideólogo del programa de gobierno, han hecho difícil la aprobación del resto de la reforma. La tentativa del gobierno de modificar el sistema de formación de profesores de las escuelas públicas, introduciendo un artículo en la ley que condiciona el monto de sus salarios a su nivel de formación y de perfeccionamiento (modificación que busca el mejoramiento de la calidad de la enseñanza escolar) provocó la reacción del Colegio de Profesores que llamó a un paro nacional de más de un mes de duración. La duración de la crisis obligó a la presidenta Bachelet a destituir en junio de 2015 al Ministro de Educación. Su partida le permitió al gobierno salir del impasse y continuar las negociaciones con el sindicato de profesores sin evitar que se multiplicaran las tensiones en el seno de la Nueva Mayoría entre la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC), acusado por la DC de llevar a cabo una política ambigua respecto de la reforma apoyando al gobierno y a la vez las movilizaciones del sindicato de profesores.
Estas tensiones se agravaron con ocasión del debate en torno a la reforma universitaria y sobre todo al proyecto de gratuidad de la enseñanza superior debido a los numerosos intereses en juego tanto del lado de la élite política dirigente y de los empresarios como del lado de la izquierda y de las federaciones universitarias. El proyecto gubernamental preveía originalmente una transición de seis años a partir de 2015 desde un sistema de enseñanza universitaria pagada hacia un sistema gratuito. La primera etapa de éste debía beneficiar al 70% de los jóvenes de origen humilde y la última a la totalidad de los estudiantes de la educación superior sin importar su origen social. Por otra parte, el proyecto buscaba la creación de una superintendencia de la educación superior, encargada de vigilar el funcionamiento de las universidades privadas incluidos los establecimientos bajo control de la iglesia católica. Pese al acuerdo inicial de todos los partidos de la Nueva Mayoría en torno a estas dos proposiciones, la DC no demoró en criticarlas argumentando que el sistema educativo de los gobiernos de la Concertación (antecedente directo de la Nueva Mayoría) entre 1990 y 2010 dio buenos resultados y que el aumento del número de universidades privadas “democratizó” la enseñanza permitiéndole a los sectores sociales desfavorecidos tener acceso a ella.
A las críticas de la DC se agregaron las de las universidades privadas y centros de formación técnica que no forman parte del Consejo de Rectores (CRUCH), quienes fustigaron la idea del gobierno de beneficiar con la gratuidad únicamente a los estudiantes inscritos en un grupo cerrado de universidades dejando afuera todas las otras3. Estas universidades acusaron al gobierno de “discriminación” argumentando que la mayor parte de los estudiantes de origen humilde están inscritos en establecimientos privados, denuncia que fue desmentida por el gobierno quien declaró que la gratuidad en la totalidad de las universidades privadas constituía una “subvención escondida”. En diciembre de 2015 la derecha decidió someter este debate a la opinión del Tribunal Constitucional (“tercera cámara” encargada de dirimir respecto de una discusión no zanjada en el parlamento) paralizando la discusión en torno a la gratuidad. El tribunal calificó de “arbitrario y discriminatorio” el proyecto de gobierno dándole así la razón a la derecha y a los establecimientos privados que no pertenecen al CRUCH. Sometida a la presión de los partidos de izquierda que querían la adopción del proyecto sobre gratuidad antes del inicio del año universitario (abril de 2016), la presidenta se abrió a negociar in extremis con las universidades privadas ajenas al CRUCH a fin de sortear el impasse. El gobierno terminó por ceder y el número de universidades privadas con educación gratuita creció.
El origen de la indignación estudiantil
Estas negociaciones explican el origen de la indignación actual de las federaciones escolares y universitarias. Éstas denuncian que la idea inicial de hacer de la educación superior un derecho y no un bien de consumo fue deformada por el diálogo sostenido entre el gobierno y los planteles privados donde ciertas carreras pasaron a ser gratuitas pese a su mala calidad y a no tener un sistema de selección de alumnos. La Prueba de Selección Universitaria (PSU), obligatoria para acceder a las universidades del Consejo de Rectores, hace que la competencia entre los establecimientos públicos y privados sea desleal y agrave la desigualdad entre estudiantes pobres y ricos. Los primeros prefieren las universidades privadas sin sistema de selección, por lo tanto de baja calidad, mientras que los estudiantes ricos optan por las tradicionales (públicas) con sistema de selección y de mayor calidad. Resultado: el número de matriculados en las universidades privadas sobrepasa por lejos la cantidad de inscritos en universidades públicas. Así, y paradojalmente, el sistema defendido por el centro-izquierda reproduce las desigualdades existentes pues los estudiantes socialmente desfavorecidos reciben una formación que, incluso siendo gratuita, es mediocre en relación a la recibida por los estudiantes ricos.
Esto explica las tomas de los liceos y las protestas de las universidades contra el sistema de gratuidad defendido por el gobierno. La tensión en alza y el riesgo de radicalización de las manifestaciones obligaron a la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, a sentarse a negociar con la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) en torno a un petitorio que tiene, entre otros objetivos, la eliminación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), lo que busca democratizar el acceso a los establecimientos públicos; la clausura pura y simple de las universidades privadas acusadas de violar la ley contra las instituciones con fines lucrativos; la prohibición de abrir nuevos establecimientos privados; la eliminación de la deuda bancaria de numerosos jóvenes cuyos estudios fueron financiados con un crédito bancario y la no-intervención de los bancos en el nuevo sistema universitario. Las federaciones quieren que la mayor parte de sus exigencias sean tomadas en cuenta y agregadas al proyecto de reforma universitaria antes de que sea sometido a votación en el parlamento. El objetivo: volver al origen y eliminar del proyecto actual sus numerosas contradicciones.
1 En 2011, el movimiento estudiantil se movilizó durante varios meses contra el gobierno Piñera (derecha) provocando la dimisión de dos ministros de Educación y un cambio ministerial; una crisis política sin precedentes desde el retorno de la democracia (1990).
2 Se estima que en una primera etapa (entre 2016 y 2018) cerca de 730.000 alumnos de familias socialmente desfavorecidas, que pagan actualmente sus escuelas, tendrán derecho a la educación gratuita.
3 El proyecto de gobierno preveía que solamente los estudiantes de los establecimientos del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) fueran los beneficiados con la gratuidad. El CRUCH está integrado por 25 universidades de las cuales nueve son privadas (las más antiguas). Estos establecimientos son más exigentes que los otros en lo relativo a la selección de sus estudiantes, los que son admitidos según los resultados que hayan obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Fuente: Investig’Action
