Editorial / Cristina en el ojo del huracán 

 

Argentina y América Latina fueron sacudidas por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre a las puertas de su residencia. Un hombre le gatilló directamente a la cabeza y un problema técnico con la pistola terminó salvando a la actual vicepresidente argentina.

El episodio fue un ejemplo sumamente extremo de la creciente polarización en la nación sureña, pero también un recordatorio de la violencia que siempre ha sido parte del accionar de la derecha en América Latina.

El atentado fue un verdadero terremoto y las reacciones fueron inmediatas. El presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional, comentando que la “paz social” en el país había sido violentada. El viernes, 2 de septiembre, hubo grandes manifestaciones en varias ciudades argentinas, expresando apoyo a Cristina Fernández y rechazando la violencia política.

También de otros países del continente llegaron mensajes de apoyo y solidaridad. Presidentes como Lucho Arce (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Nicolás Maduro condenaron el episodio. El mismo Maduro fue también víctima de un magnicidio fracasado en agosto de 2018 cuando dos drones con explosivos detonaron cerca de una tarima donde discursaba.

Las autoridades argentinas investigan ahora al responsable de la intentona, Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien se ha negado en dos ocasiones a declarar ante la justicia, para determinar si actuó solo o si respondía a órdenes de alguien más.

Su pareja, Brenda Uliarte, de 23 años, estuvo en el lugar del atentado y también ha sido detenida. Sus declaraciones hasta ahora han sido contradictorias. Además, al menos 30 testigos pasaron por el juzgado para dar detalles sobre lo ocurrido, entre ellos manifestantes que estaban en el lugar, policías federales y custodios de la vicepresidenta.

Por el momento, los investigadores sospechan que el atentado pudo haber sido premeditado y que, además, la pareja detenida habría actuado con apoyo de otras personas.

El intento de magnicidio desvió por unos días la atención del anterior “terremoto”: el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, quien ejerció como presidenta entre 2007 y 2015.

Los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una pena de 12 años de prisión, inhabilitación para cargos públicos y decomiso de sus bienes, culminaron el pasado 22 de agosto.c

Ahora comienza el turno de las defensas de los 13 exfuncionarios y empresarios que están acusados de haber formado parte de una «asociación ilícita» que presuntamente benefició con millonarios contratos al empresario Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner.

El turno de la vicepresidenta será a más tardar a principios de octubre. Mientras tanto, ella apuntó que todas las supuestas pruebas y testimonios en su contra son “falsos” y “colapsaron», lo que demuestra las falencias de un sistema judicial afín al expresidente Mauricio Macri, que actúa con intereses partidistas y solo busca proscribirla.

Diferentes analistas, tanto en Argentina como afuera, no han tenido dudas en concluir que se trata de un caso más de “lawfare”: la instrumentalización del aparato judicial para perseguir a líderes políticos progresistas y de izquierda para así apartarlos del terreno político. Algunos ejemplos son los casos de Lula, quien fue impedido de participar en las elecciones de 2018, o de Rafael Correa, también inhabilitado y actualmente exiliado en Bélgica.

Los episodios recientes, proceso legal y intento de asesinato, surgen en medio de un período turbulento en el campo peronista. El gobierno de Alberto Fernández no ha logrado mejorar la delicada situación económica en el país y ha introducido medidas cada vez más impopulares, incluso en el seno de su coalición. La pandemia y el conflicto en Ucrania han reducido su margen de maniobra.

En ese sentido, no es difícil ver los ataques contra Cristina como un intento de eliminar, literal o figurativamente, una figura que pudiera aglutinar la izquierda e impedir un nuevo triunfo de la derecha en las elecciones del próximo año.

En los próximos meses, el gobierno actual tendrá que decidir entre priorizar a la gran mayoría, golpeada fuertemente por la inflación, o mantenerse rehén de los grandes intereses, tanto de la burguesía nacional como de agentes externos como el Fondo Monetario Internacional. Es probable que se agudicen las fisuras en el liderazgo peronista para que Cristina, u otra figura, se vaya perfilando como candidato presidencial.

 

Breves

 

Colombia / Extradición del hermano de Piedad Córdoba

 

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la orden de extradición a EE.UU. del hermano de la conocida senadora Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.

Petro refrendó el acto administrativo para avalar la extradición, por lo que la defensa de Álvaro Córdoba tendría un plazo de 10 días para presentar una apelación.

La orden del jefe del Ejecutivo fue dictada después que la Corte Suprema de Colombia aprobase que el indiciado sea juzgado por la justicia estadounidense. La Fiscalía colombiana abrirá también investigaciones por tráfico de armas y asociación para delinquir.

 

Paraguay / Causa penal contra el vicepresidente 

 

La Fiscalía de Paraguay inició una investigación en contra del vicepresidente, Hugo Velázquez, tras acusaciones estadounidenses de haber participado en un supuesto caso de soborno.

Velázquez dijo inicialmente que presentaría su renuncia, una decisión que fue apoyada por el presidente Mario Abdo Benítez, pero que luego la retiró debido a que no existía una investigación formal en su contra.

Tras eso, Benítez insistió en que lo ideal sería la salida de Velásquez pero recordó que no tiene la facultad de imponerlo.

Las incriminaciones del Departamento de Estado, que incluyen a una larga lista de líderes latinoamericanos, han sido tachadas de injerencia por varias naciones de la región.

 

Haití / Nueva ola de protestas

 

El pueblo haitiano volvió a tomar las calles en los primeros días de septiembre con protestas masivas en varias ciudades.

Las manifestaciones se enfocaron en el creciente costo de vida, con una inflación que ya superó los 30% así como en la inseguridad y la violencia. Foram frecuentes los llamados a la demisión del actual primer ministro, Ariel Henry.

Henry asumió el poder luego del asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021 pero ha constantmemente postergado la decisión de convocar a nuevas elecciones en la nación caribeña. El primer ministro prometió medidas para aliviar la pobreza y aumentar el suministro de combustible.

 

Venezuela / Orden de detención contra exministro

 

La Fiscalía de Venezuela emitió una orden de detención contra el exministro de Petróleo entre 2002 y 2013 y exembajador del país ante las Naciones Unidas (2014-2017), Rafael Ramírez.

Las autoridades lo acusan de haber armado una trama de corrupción que llevó a pérdidas de 4.850 millones de dólares a la estatal petrolera venezolana. Como parte de las pruebas, el fiscal general ha presentado un video con las confesiones de Victor Aular, quien fuera vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela.

Ramirez, por su parte, aseguró que dichas acusaciones son parte de una persecución política en su contra.

 

Ecuador / Cerradas mesas de diálogo

El gobierno ecuatoriano y los movimientos indígenas cerraron las primeras cuatro mesas de diálogo establecidas en julio luego del estallido social en el país andino.

Las mesas temáticas se enfocaban en algunas de las principales demandas de los manifestantes que tomaron las calles de Quito. Se lograron algunos acuerdos, como reformar leyes de minería e hidrocarburos y subsidiar las tarifas de los servicios básicos a las familias necesitadas.

Sin embargo, se mantuvieron divergencias en los principales temas. Por ejemplo, el gobierno rechazó fijar los precios de 42 productos básicos y condonar deudas hasta 3000 dólares. Otras discusiones se extenderán hasta octubre.

 

Entrevista

 

Chile / Carlos Gutiérrez: “La convención constituyente en determinado momento generó desconfianza”

 

El 4 de septiembre, más el 60 por ciento de los chilenos rechazaron una nueva y progresista propuesta de Constitución para el país andino. Carlos Gutiérrez, economista y analista político, explica el resultado y los próximos pasos.

 

El nuevo texto constitucional fue rechazado por amplia mayoría este 4 de septiembre. ¿Cómo explicar el resultado, si el proyecto de una nueva Constitución tuvo tanto respaldo popular? ¿Qué rol han jugado los medios?

Este proyecto de nueva constitución tuvo un rechazo bastante firme y amplio. Sin embargo, la lectura que debemos darle no es que el proyecto de una nueva constitución haya sido rechazado. De hecho, las encuestas aún muestran que un amplio margen de la población sigue apoyando la necesidad de cambiar la constitución de 1980, la de Pinochet. Lo que se rechazó fue puntualmente el proyecto de constitución elaborado por la convención actual.

Eso es un punto a reflexionar. Por ejemplo, la población en un determinado momento sintió cierta desconfianza por los debates y discusiones que se daban en la convención, cómo se planteaban esas discusiones a la hora de redactar, algo que la derecha supo aprovechar también. Entonces, quien perdió fue la convención y la lista del pueblo que se consideraba una herramienta de la base popular no alineada con las estructuras tradicionales de hacer política, eso trajo mucho desconcierto a la base popular.

En cuanto a los medios, ciertamente jugaron un papel importante, pues la mayoría son el brazo ideológico de las grandes élites económicas y de poder. Jugaron mucho a la confusión, cuestionando permanentemente cada uno de los artículos de la constitución, resaltando que la forma en la que fue redactada daba pie a muchas confusiones o interpretaciones. Hay algunas estadísticas donde se ve que el gran volumen de rechazo a la nueva Constitución se dio en las bases más pobres y populares de la ciudadanía y esta una base fuertemente bombardeada por estos medios.

La gran pregunta es “¿y ahora qué sigue?”. ¿Qué errores hay que corregir tanto en el texto constitucional como en todo el proceso para finalmente reemplazar la Constitución pinochetista?

Hay un punto interesante y es que muchos sectores, algunos alineados con las políticas institucionales y otros que no, no se sintieron representados. De hecho, hay un eslogan que rodó todos estos meses: “yo apruebo pero así no”. Es decir, para algunos la forma no fue la ideal. Especialmente porque la convención se vio obligada a respetar ciertas premisas: no se podía impugnar los convenios internacionales, las concesiones con las mineras, la institucionalidad republicana, no se podían transformar los poderes.

Y lo que más fue criticado fue el tema de no impugnar los elementos constitutivos de la economía chilena. Por ejemplo, en la nueva constitución el Estado sigue siendo el financiador de los sectores privados, sigue teniendo la obligación de comprar deuda privada, el Banco Central sigue teniendo independencia para manejar las finanzas a discrecionalidad y esos elementos fueron los que generaron la crisis actual.

De todas formas, el presidente chileno, Gabriel Boric, tiene la intención de seguir adelante con la renovación o la construcción de un nuevo proyecto a través de otros mecanismos. Se habla de dos posibilidades: un proceso de reforma dentro del Congreso trabajando a través de la institucionalidad que hoy existe o elaborar un proceso constituyente con miembros del congreso, la sociedad civil, los partidos políticos y los movimientos sociales, una especie de nueva convención pero desde el congreso. El gran problema que persiste es que la población en su mayoría resiente una muy fuerte deslegitimidad del Estado constituido.

Gabriel Boric no ha tenido vida fácil en sus primeros meses de gobierno. ¿Cuál podría ser el impacto de esta derrota en el escenario político chileno, y para el gobierno en particular?

El gobierno de Boric está pronto a cumplir su primer año y gran parte de las promesas no se han cumplido. Esto también ha favorecido esa sensación permanente de deslegitimidad. Además, la derecha ha sido muy astuta en mostrar el triunfo del ‘rechazo’ como una forma de evaluar el gobierno de Boric.

Pero, para ser sincero, en ciertas temáticas que en Chile son bastante espinosas él ha mantenido las mismas políticas que su antecesor (Sebastian Piñera). Por ejemplo, con respecto a la gran problemática que existe en el sur de Chile con los Mapuches, sigue habiendo fuerte represión y en algunos espacios de la Araucanía ha aumentado. No se ha hecho gran cosa con el tema del régimen de pensiones, con la necesidad del aumento de sueldo mínimo, algo en términos concretos que permita solventar la materialidad, tampoco con la seguridad social privatizada.

Entonces, hoy la derecha tiene fuertes elementos para atacarlo, tanto por su inoperancia como por lo ocurrido en este referendo. Por eso su preocupación por continuar con este proceso constituyente porque es la única forma de darle continuidad a su proyecto y hacer fuerza para cumplir su agenda. No la tiene nada fácil ni la tendrá, en especial por las condiciones económicas para los próximos dos años.

 

 

Venas abiertas / Fusilamiento de Francisco Morazán

 

Oriundo de Honduras, José Francisco Morazán Quesada fue presidente de la República Federal de Centro América entre 1830 y 1839. Es considerado un gran pensador y visionario de la época.

Durante su mandato, Morazán impulsó la separación entre el Estado y la iglesia, desarrolló la infraestructura y buscó redistribuir la tierra. Pero sus reformas progresistas generaron fuerte enemistad por parte de las élites locales y sobre todo de la Iglesia Católica.

La república unificada terminaría desintegrada en cinco países (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) en 1841, mientras Morazán sería apartado del poder y más tarde ejecutado.

 

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Fuente: Investig’Action